Antes de 1979, las rutas, frecuencias y tarifas del transporte público urbano eran reguladas por el Ministerio de Transportes, ya sea por las antiguas Juntas Provinciales Reguladoras del Tránsito o las flamantes nuevas Secretarías Regionales. Esto quiere decir que las distintas líneas de autobuses o taxibuses debían solicitar aprobación a la autoridad algún cambio en las variables operativas, las cuales recibían sanción a través de oficios y/o resoluciones del ministerio.
Las autoridades de la época, ante los evidentes problemas de oferta y calidad de servicio decidieron reducir las trabas administrativas que limitaban a las empresas para definir internamente las variables operacionales, explicando su existencia como la gran causa de la baja calidad experimentada en la mobilidad urbana. Las disposiciones referentes a los servicios de transporte público quedaron reflejadas en el Decreto N° 320/1979 del Ministerio de Transportes.
Si bien el Ministerio mantenía sus atribuciones de sanción, estas eran meramente simbólicas y estaban asociadas a informar a la autoridad más que pedir su aprobación. Con el correr de la década de 1980, la desregulación efectivamente generó un aumento tanto en cobertura como en oferta, llegando incluso hasta aproximadamente 13.000 buses en 1990, lo que coincide con el período de liberalización total del transporte público, bajo la aplicación de la Ley 18.696 de 1988, en la que el Ministerio solo se limitaba a definir el conjunto de vías aptas para el uso de vehículos de transporte público.
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